CDMX. (RI Noticias).- En Navolato, Sinaloa, la desaparición del jornalero oaxaqueño Mauricio Vázquez Cruz de 21 años activó la Acción Urgente 2281/2026 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir su localización inmediata. El organismo internacional utiliza este caso como prueba de los riesgos extremos, como extorsión y reclutamiento forzado, que enfrentan los trabajadores indígenas en los campos agrícolas de la región.
La ONU advierte que estos delitos persisten bajo una posible complicidad de las autoridades locales, señalando un patrón de impunidad en la zona. Ante estos señalamientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de México manifestaron su rechazo, calificando la postura internacional de sesgada y carente de perspectiva histórica.
La comisión nacional defendió que situaciones como la de Sinaloa no representan una política de Estado, sino que son retos que exigen fortalecer a las instituciones actuales sin recurrir a mecanismos de intervención externa.
En términos de cifras, el conflicto se agudiza por la disparidad entre los registros oficiales y la realidad que denuncian los colectivos de búsqueda en el estado. Mientras el Registro Nacional se aproxima a los 133,000 desaparecidos, el Ejecutivo sostiene que menos de la mitad son casos confirmados y que la gran mayoría pertenecen a administraciones pasadas.
Para las familias buscadoras en Sinaloa, estas estadísticas contrastan con la impunidad absoluta que impera en las fiscalías locales, las cuales han sido señaladas por Naciones Unidas por negligencia forense y ocultamiento de información en casos de desaparición forzada.
Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en que la violencia en Sinaloa es atribuible únicamente al narcotráfico, rechazando el informe de la ONU por considerarlo tendencioso.
