Culiacán, Sinaloa. A 14 de abril de 2026.- Tres Comisiones Unidas del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad dictamen que expide la Ley de Protección a Migrantes del Estado de Sinaloa, la cual busca evitar la exclusión y discriminación de este sector social, contempla la creación de una oficina para su atención y elaborar un padrón de las personas que tengan este estatus.
En la Ley se definen varias figuras relativas a migrantes, tales como deportados, residente temporal, residente permanente, visitantes con permiso, visitantes sin permiso, entre otros.
Como deportados se refiere a personas que teniendo residencia en territorios de naciones o entidades federativas distintas a Sinaloa habitan en territorio sinaloense.
Relativo a residentes tanto temporales como permanentes, se hace referencia que cuentan con autorización para residir y laborar o estudiar por determinado tiempo, o bien por tiempo indefinido.
Igual se aplica para visitantes con permiso y sin permiso.
La Ley establece diversos derechos para las personas migrantes, entre los cuales está:
-Recibir un trato digno, justo y humano.
-No ser objeto de exclusión o discriminación.
-Obtener asistencia jurídica gratuita.
De igual manera se establecen como derechos el acceder en condiciones de igualdad a los servicios educativos, así como a recibir atención médica, gozar de la procuración e impartición de justicia, trabajar en condiciones laborales de acuerdo al marco legal establecido.
Asimismo, en la ley se contempla la creación de un padrón de migrantes en Sinaloa, y se establece como obligación tanto para el Gobierno del Estado como para los municipios el promover la agrupación de migrantes en asociaciones, clubes y organizaciones similares.
También se establece que la Secretaría General de Gobierno deberá crear las instancias necesarias y tener los recursos humanos necesarios para la atención de migrantes.
Ello implica crear una Oficina de Atención, cuya persona titular será designada por el gobernador o gobernadora.
De igual manera se establece que cuando una persona sinaloense sea deportada de otro país se le apoyará con el costo total o un porcentaje de este para su traslado a su población de origen.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Asuntos Migratorios y la de Derechos Humanos.
