Con al menos 72 mil cuerpos sin identificar, México enfrenta una crisis forense sin precedentes que ha rebasado a las instituciones. No sólo fue la gravedad de los desaparecidos en el país, sino que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) también advirtió de los cuerpos y restos sin identificar.
Pese a las medidas adoptadas desde 2021, no hay avances sustanciales, por lo que decidió escalar el caso a la Asamblea General, colocando al país bajo un escrutinio internacional inédito.
El organismo documentó la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas en el país, donde se han localizado miles de restos humanos.
“Las autoridades siguen desbordadas y son urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”, alertó el comité, al subrayar que el problema no sólo persiste, sino que se agrava en un contexto de impunidad.
El diagnóstico del CED coincide con el informe Cuerpos bajo el resguardo del Estado, elaborado por Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, el cual describe un sistema forense colapsado.
Para Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este escenario refleja un fracaso estructural.
Advierte que la crisis no es sólo forense, sino de procuración de justicia: “La tensión forense en el tema de la desaparición forzada en México ha sido un gran fracaso”, señala, al recordar que instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda se crearon para coordinar esfuerzos, pero no han logrado revertir el problema.
El especialista subraya que el eslabón más débil está en la investigación penal. “De nada sirve contar con mecanismos forenses si la Fiscalía General de la República no hace su trabajo”.
La impunidad, explica, sigue siendo el principal obstáculo: durante años, menos de 10% de los delitos denunciados en el país han llegado a sentencia, lo que evidencia la incapacidad del sistema para sancionar a los responsables. En ese contexto, plantea la necesidad de revisar cuántos casos de desaparición forzada se investigan realmente y cuántos derivan en condenas.
Sin ese componente, advierte, cualquier esfuerzo institucional resulta insuficiente. “Si no existe una investigación diligente y una persecución efectiva de los delitos, de nada va a servir todo el aparato forense”, sostiene.
Para Méndez López, este fenómeno revela una sustitución peligrosa del Estado. “Los colectivos de madres buscadoras han sido quienes han asumido la labor de encontrar cuerpos e identificar restos. Esta situación refleja una omisión grave: la sociedad civil está haciendo el trabajo que corresponde a las autoridades encargadas de proteger derechos y perseguir delitos”, menciona.
Considera que esta reclasificación es un paso necesario para mejorar la calidad de la información y orientar de manera más eficaz las acciones de búsqueda. Sin embargo, advierte que las cifras actuales evidencian una crisis estructural que rebasa cualquier ajuste metodológico.
“La saturación de los servicios forenses, la acumulación de restos sin identificar, la falta de coordinación institucional y el hecho de que las familias continúen encabezando las búsquedas refleja un sistema que sigue sin responder a la magnitud del desafío. Fortalecer la investigación criminal, la búsqueda en campo y los mecanismos de identificación forense es indispensable”, subraya.
La crisis forense en México expone un colapso institucional y una deuda persistente con miles de familias que siguen buscando. Mientras los cuerpos se acumulan sin nombre, el país enfrenta presión internacional y un desafío interno, menciona.
