Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La gestión de Rubén Rocha Moya concluye de manera abrupta con una solicitud de licencia que deja al estado en una parálisis institucional y social. Su salida, motivada por la necesidad de encarar investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico, ocurre en el punto más álgido de una crisis de seguridad que ha desbordado cualquier capacidad de respuesta oficial, dejando un territorio marcado por la impunidad y el miedo.
El balance de sangre es devastador: 2,645 homicidios y 3,688 desapariciones definen el rastro de su administración. El panorama se intensifica al observar el impacto en los sectores más vulnerables, con 108 menores asesinados y 333 desaparecidos.
A la tragedia humanitaria se suma un colapso económico y social sin precedentes en la historia moderna de Sinaloa. El desplazamiento forzado de 3,000 familias y la pérdida de 30,000 empleos han configurado un escenario de abandono, donde el daño financiero supera los 70,000 millones de pesos. La actividad productiva se ha visto estrangulada por la violencia, sumiendo a la entidad en una crisis económica que tardará años en sanar.
Rocha Moya se retira de la gubernatura dejando tras de sí un estado fracturado y una ciudadanía que exige justicia ante el abandono institucional. La sombra del narcotráfico, que ahora lo persigue judicialmente, es la misma que ha dictado el ritmo de violencia y muerte en las calles sinaloenses. La transición ocurre bajo la mirada crítica de una sociedad que sobrevive entre fosas y un vacío de poder que parece difícil de llenar.
