Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas investigaciones que vinculan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con presuntas operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento no ha sido citado formalmente a declarar.
Autoridades federales confirmaron que el paradero del mandatario sinaloense es conocido y que las indagatorias continúan avanzando.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Federal decidió integrar en un solo expediente tres carpetas relacionadas con hechos de alto impacto: el presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y posibles irregularidades electorales registradas en Sinaloa durante 2021.
La reunión que derivó en el asesinato de Cuén
De acuerdo con las líneas de investigación, Rocha Moya habría pactado una reunión en julio de 2024 con El Mayo Zambada, Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López.
Sin embargo, el encuentro no ocurrió como estaba previsto, ya que el entonces gobernador no se presentó. Durante esos hechos, Cuén Ojeda fue asesinado y El Mayo Zambada presuntamente privado de la libertad para posteriormente ser entregado a autoridades de Estados Unidos.
Joaquín Guzmán López permanece detenido en territorio estadounidense, aunque la FGR ya obtuvo una orden de captura en México en su contra.
Además, las autoridades mexicanas solicitaron información y pruebas al gobierno de Estados Unidos sobre presuntos sobornos entregados a ex funcionarios sinaloenses vinculados con la facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Entre los señalados aparecería el nombre de Rocha Moya, junto con otros nueve ex funcionarios.
La fiscalía también analiza la posibilidad de solicitar detenciones provisionales con fines de extradición para algunos de los involucrados.
México inicia proceso de extradición contra Fernando Farías
En otro de los casos relevantes, México inició formalmente el proceso de extradición contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, luego de que Argentina determinó no deportarlo.
La FGR cuenta con un plazo de 60 días hasta el próximo 21 de junio para formalizar la solicitud de extradición.
Las autoridades federales sostienen que tanto Fernando como su hermano Roberto Farías Laguna enfrentan acusaciones sustentadas por delincuencia organizada y huachicol fiscal, rechazando que sean “chivos expiatorios”.
Dentro de estas investigaciones surgió también el nombre del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien presuntamente informó al fiscal Alejandro Gertz Manero sobre posibles vínculos de mandos navales con tráfico de hidrocarburos, aunque sin presentar una denuncia formal.
Hasta el momento no existe una investigación abierta en su contra.
Avanza investigación sobre agentes de la CIA en Chihuahua
Respecto al caso de presuntos agentes de la CIA que participaron en operativos antinarcóticos en Chihuahua sin autorización federal, la FGR mantiene abiertas dos carpetas de investigación.
Una de ellas indaga posibles delitos por ejercicio ilícito de atribuciones relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional; la otra busca identificar a operadores de un narcolaboratorio localizado en la zona serrana de El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi.
De los 43 participantes identificados en el operativo —donde murieron dos agentes estadounidenses, 40 ya rindieron declaración ministerial.
Hasta ahora, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como el ex fiscal estatal César Jáuregui Moreno, no han sido citados a comparecer.
