Mazatlán, Sin. (RI Noticias).-El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante una corte de Nueva York donde se declaró no culpable, en el inicio de un proceso judicial que busca transitar hacia un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense.
Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmaron a El Universal que el exfuncionario ya fue aceptado bajo la condición de testigo cooperante. Asimismo, se evalúa otorgarle el estatus de testigo protegido en caso de que se demuestre un riesgo latente contra su vida, beneficio respaldado por una carga inicial de información que el militar ya entregó a las autoridades norteamericanas desde su lugar de reclusión.
El expediente del exmilitar, originalmente registrado en Arizona bajo la causa S9 23 Cr. 180, será radicado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York.
Se informó que Mérida Sánchez ya se encuentra ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una prisión de seguridad administrativa, donde se le asignó el número de registro 62685-512. Su traslado a esta demarcación se efectuó la mañana de este viernes bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service).
De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad en México, el exsecretario sinaloense viajó desde Hermosillo, Sonora, hacia la frontera el pasado 11 de mayo de 2026, cruzando por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde inicialmente quedó bajo resguardo estadounidense.
Al momento de su detención, Mérida Sánchez no opuso resistencia. Reportes judiciales indican que el general optó por agilizar su proceso al aceptar su remisión directa al distrito acusador de Nueva York, declinando disputar su identidad o el traslado formal durante su estancia en Tucson, Arizona.
La llegada del general a suelo estadounidense ocurre apenas días después de que un juez federal en el estado de Michoacán le concediera un amparo definitivo. Dicha resolución judicial en México tenía como objetivo frenar cualquier orden de aprehensión en su contra, así como una eventual ejecución de extradición hacia los Estados Unidos; una protección legal que quedó sin efecto tras su ingreso y detención en el país vecino.
