Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El Gobierno de México anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca prevenir la postulación de candidatos relacionados con grupos criminales a partir del proceso electoral de 2027.
“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán (…) para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, señaló.
La iniciativa contempla la creación de una “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), que fungiría como enlace entre los partidos políticos y autoridades de seguridad e inteligencia, como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con Alcalde, los partidos podrán entregar de manera voluntaria listas de aspirantes para ser revisadas. Las instituciones participantes únicamente informarán si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada, sin revelar detalles de investigaciones en curso.
“La Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable. Con base en esa información, los partidos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, puntualizó.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta y aseguró que surge tras diversos casos recientes relacionados con presuntos nexos entre autoridades municipales y el crimen organizado.
“Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, declaró.
La mandataria reiteró que su administración mantiene una política de “cero impunidad”, aunque subrayó que se respetará el debido proceso.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie si es que hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras”, afirmó Sheinbaum.
El anuncio ocurre en medio de recientes investigaciones y operativos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales, incluyendo señalamientos en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como la detención de funcionarios y exfuncionarios municipales en Morelos por supuesta relación con redes de corrupción y extorsión ligadas al Cártel de Sinaloa.
