Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, arribará este jueves 21 de mayo de 2026 a México en una visita oficial que se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre ambos países por temas de seguridad y combate al narcotráfico.
La visita representa el primer viaje a México de un alto funcionario del gobierno estadounidense en 2026, luego de la realizada en septiembre del año pasado por el entonces jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Mullin, quien tiene menos de dos meses al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llega en un momento marcado por el aumento de la presión de Washington hacia el gobierno mexicano en materia de combate al crimen organizado.
Ante este escenario, existe expectativa sobre una posible reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como ocurrió el año pasado con la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Sobre el encuentro, Sheinbaum adelantó que el objetivo será mantener la coordinación bilateral en temas de seguridad, aunque reiteró que cualquier colaboración debe darse con respeto a la soberanía de México.
Además de la visita de Mullin, para el próximo lunes también se prevé el arribo a México de Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos y conocida como la “zar antidrogas”.
Ambas visitas ocurren después de la llamada telefónica sostenida el pasado viernes entre la presidenta mexicana y el mandatario estadounidense Donald Trump, conversación que Sheinbaum calificó como “cordial y excelente”.
La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se trata de la primera ocasión en que autoridades estadounidenses solicitan de manera urgente la detención de políticos mexicanos en activo por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, situación que provocó un fuerte impacto político en el país.
El caso tomó mayor relevancia después de que dos exfuncionarios sinaloenses vinculados al expediente se entregaran voluntariamente a las autoridades estadounidenses, alimentando versiones sobre posibles acuerdos de cooperación judicial.
Hasta ahora, el Gobierno de México ha rechazado una eventual extradición de los señalados y sostiene que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para justificar detenciones inmediatas.
A este panorama se suman recientes reportes sobre la presunta participación de la CIA en operaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa, luego de que versiones periodísticas señalaran que la muerte de un miembro del grupo criminal en marzo habría sido un “asesinato selectivo facilitado” por inteligencia estadounidense.
