Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Hasta siete años es el tiempo que los organismos fiscalizadores pueden demorar en resolver denuncias por faltas graves, un margen de tiempo que el director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo, calificó como un esquema de impunidad.
La tardanza sistemática permite que los procesos administrativos se extiendan deliberadamente, facilitando que los exfuncionarios públicos se retiren de sus cargos o retomen su vida política sin haber enfrentado consecuencias por las irregularidades detectadas en sus gestiones.
“Mira, a conveniencia ellos lo manejan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la ley de responsabilidades no establecen tiempos. Ellos se van a eso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si del análisis que nosotros hacemos determinamos que es una falta administrativa no grave, la prescripción de la falta es de tres años, entonces yo tengo hasta tres años para atenderla”, explicó Rojo sobre los criterios de demora que aplican las autoridades fiscalizadoras.
El directivo señaló que esta situación ha mantenido estancadas denuncias clave interpuestas desde el año 2022, permitiendo que expedientes sobre manejos irregulares de recursos públicos permanezcan sin resolución definitiva ante las instancias estatales.
Finalmente, el organismo ciudadano advirtió que mientras no existan plazos estrictos y obligatorios para los entes auditores, la rendición de cuentas seguirá siendo un proceso lento y discrecional. Rojo insistió en que la justicia administrativa que tarda tanto tiempo en aplicarse termina por proteger a quienes cometieron irregularidades, permitiendo que el paso de los años borre la memoria de los presuntos actos de corrupción cometidos en el municipio.
