Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, expresó su preocupación por la propuesta impulsada por el Gobierno federal para crear un mecanismo que permita detectar posibles “narcocandidatos” antes de las elecciones.
Durante una conferencia de prensa, la consejera presidenta señaló que la reforma podría comprometer la imparcialidad del organismo electoral al convertirlo en una instancia que evalúe la integridad de las candidaturas.
INE teme convertirse en “juez y parte”
Taddei advirtió que, de aprobarse la iniciativa, el INE quedaría en medio de disputas políticas al asumir funciones que implican valorar la probidad o antecedentes de los aspirantes a cargos públicos.
“Se colocaría a la autoridad electoral en el centro de la disputa política”, afirmó la titular del instituto, quien insistió en que el árbitro electoral debe mantener una posición neutral frente a todas las fuerzas políticas.
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales designados por periodos de tres años.
¿Cómo funcionaría la comisión?
De acuerdo con la explicación de Luisa María Alcalde, esta comisión tendría facultades para solicitar información a dependencias como:
Unidad de Inteligencia Financiera
Fiscalía General de la República
El objetivo sería detectar si existe un “riesgo razonable” de vínculos entre algún candidato y la delincuencia organizada.
Con esa información, los partidos políticos decidirían si mantienen o retiran una candidatura.
Además, las personas aspirantes deberían autorizar obligatoriamente la revisión de su información como requisito para participar en un proceso electoral.
Gobierno defiende la propuesta
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa al señalar que busca evitar la infiltración del crimen organizado en cargos públicos.
La mandataria recordó casos recientes de alcaldes detenidos durante operativos en el Estado de México y Morelos por presuntos vínculos criminales.
Según explicó, tanto el INE como los partidos necesitan herramientas que permitan detectar perfiles con antecedentes sospechosos antes de las elecciones intermedias de 2027.
Debate por privacidad y presunción de inocencia
La reforma también ha abierto un debate sobre los límites entre la seguridad electoral y los derechos políticos de los ciudadanos.
Mientras el Gobierno sostiene que la revisión de información se realizaría bajo estricta confidencialidad, críticos advierten posibles riesgos relacionados con:
Presunción de inocencia.
Uso político de investigaciones.
Filtración de datos personales.
Presión sobre autoridades electorales.
La iniciativa será discutida en un próximo periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, donde legisladores analizarán si el INE debe asumir nuevas funciones relacionadas con la verificación de candidaturas.
Elecciones de 2027, en la mira
La propuesta surge rumbo al proceso electoral intermedio de 2027, considerado uno de los más importantes del sexenio por la renovación de gubernaturas, congresos locales, alcaldías y la Cámara de Diputados.
En ese contexto, el Gobierno federal sostiene que fortalecer los filtros de integridad es necesario para evitar que grupos criminales influyan en la vida política del país.
