Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, forman parte de procedimientos de investigación en calidad de testigos, por lo que no existe una orden de arresto en su contra.
De acuerdo con autoridades federales, ambos mandatarios deberán acudir a rendir declaración dentro de distintas indagatorias abiertas por la FGR, aunque hasta el momento no enfrentan imputaciones formales ni serán remitidos a algún centro penitenciario.
La dependencia explicó que las comparecencias se realizan conforme a lo establecido en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que toda persona citada tiene la obligación de acudir y declarar sobre los hechos que conozca relacionados con una investigación.
Sin embargo, la legislación también establece que ningún testigo está obligado a declarar sobre situaciones que puedan generar responsabilidad penal en su contra.
Rocha asegura que acudirá “con la frente en alto”
Luego de recibir el citatorio, Rubén Rocha Moya confirmó públicamente que atenderá el llamado de la Fiscalía y aseguró que no tiene nada que ocultar.
El mandatario sinaloense, señalado en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirmó que comparecerá “con la frente en alto” y confió en que prevalecerá la verdad.
Además de Rocha Moya, otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa fueron citados por la FGR, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Maru Campos denuncia persecución política
Por su parte, Maru Campos confirmó que también acudirá a comparecer ante la Fiscalía dentro de una investigación relacionada con el ingreso de presuntos agentes de la CIA durante un operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua.
La gobernadora sostuvo que las investigaciones forman parte de una persecución política en su contra y aseguró que continuará dando la cara ante las autoridades.
Su caso surge luego de que alrededor de 50 funcionarios estatales fueron llamados a declarar para esclarecer responsabilidades relacionadas con dicho operativo, donde murieron dos agentes estadounidenses tras un accidente automovilístico.
Gobernación insistió en que las diligencias de la Fiscalía se desarrollan con apego a la ley y descartó motivaciones políticas en las investigaciones.
