Mazatlán, Sin (RI Noticias).- Diputados locales de Chihuahua presentaron una demanda de juicio político contra la gobernadora Maru Campos por presuntas violaciones a la Constitución relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en la entidad, donde murieron cuatro personas.
La denuncia fue presentada ante la Cámara de Diputados federal y acusa a la mandataria estatal de posibles “omisiones graves con incidencia en la soberanía nacional, la seguridad nacional y el orden federal”.
De acuerdo con el documento de 104 cuartillas entregado por 11 legisladores, la acusación busca que la Cámara de Diputados admita y analice la posible responsabilidad política de la titular del Ejecutivo estatal por hechos vinculados con la “presunta presencia, colaboración, tolerancia u ocultamiento de agentes extranjeros en territorio nacional” durante acciones de seguridad.
Los promoventes sostienen que la imputación se desarrolla en dos vías. La primera plantea una posible responsabilidad por acción, en caso de acreditarse que la gobernadora solicitó, autorizó o consintió mecanismos de colaboración operativa con agentes extranjeros fuera del marco constitucional federal.
La segunda línea señala una posible omisión grave, al considerar que existió falta de supervisión y control institucional dentro del aparato de seguridad estatal, lo que habría derivado en un quebranto al orden constitucional y a la soberanía nacional.
El caso surge tras un operativo contra el narcotráfico realizado en Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes de Estados Unidos y que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción de la denuncia este martes en la Secretaría General de San Lázaro.
La legisladora explicó que el siguiente paso será la ratificación formal de la denuncia, prevista para el próximo 29 de mayo. En caso de concretarse, el expediente será turnado a la Subcomisión de Examen Previo para determinar su procedencia.
Hasta el momento, el gobierno de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos.
