Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, como parte de la investigación relacionada con la participación de agentes de la Central Intelligence Agency en un operativo donde fue localizado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.
A su llegada y salida del inmueble, la mandataria fue acompañada y respaldada por diversas figuras del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellas el dirigente nacional del partido Jorge Romero Herrera, así como alcaldes, exfuncionarios y legisladores como Mauricio Tabe, Alessandra Rojo de la Vega, Roberto Gil Zuarth, Ricardo Anaya y Germán Martínez.
Tras rendir su declaración en calidad de testigo, Campos emitió un posicionamiento público en el que aseguró que su presencia en la FGR responde a un ejercicio de responsabilidad y denunció lo que calificó como un uso político de las instituciones.
“Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños”, expresó.
La gobernadora afirmó que el citatorio en su contra habría sido utilizado para “fabricarle un caso”, al considerar que no se respetaron garantías constitucionales ni el debido proceso en la investigación.
Campos también señaló que existe un trato desigual por parte de las autoridades federales frente a otros casos similares y criticó lo que describió como un sesgo institucional.
“A mí en cambio no me han acusado de nada formalmente”, señaló, al tiempo que acusó la existencia de “autoritarismo disfrazado de justicia”.
En su declaración, la mandataria hizo referencia al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar diferencias en el trato institucional ante señalamientos relacionados con el crimen organizado.
“Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta”, sostuvo.
El caso se suma a otros frentes legales que enfrenta la gobernadora. Esta semana también fue notificada de un procedimiento ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derivado de una denuncia por presunto secuestro presentada por el senador Javier Corral Jurado, aunque dicha autoridad aclaró que no se ejercería acción penal al no encontrar elementos suficientes.
Además, legisladores de Morena en el Congreso de Chihuahua presentaron una solicitud de juicio político en su contra, la cual deberá ser revisada por la Cámara de Diputados en los próximos días.
