México (RI Noticias).- Las investigaciones de Estados Unidos, contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, alcanzaron a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, según reveló el diario estadounidense Los Angeles Times.
De acuerdo con LA Times, Estados Unidos habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras son investigados por posibles nexos con el crimen organizado.
Pese a la cancelación de sus visas, añadió dicho medio, tanto Alfonso Durazo como Américo Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele utilizarse para personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.
Ante esto, el Gobierno de Sonora respondió a los señalamientos en contra de Durazo y aseguró que “es completamente falsa” la información publicada y recalcó que el mandatario cuenta con su visa.
“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”, escribió Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora.
Mientras que en el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada con el contrabando de combustible robado, actividad ilícita conocida como huachicol; el articulo señala que fuentes cercanas al caso señalaron que el mandatario tamaulipeco también cuenta con el mismo permiso especial para ingresar a Estados Unidos y que, al cruzar la frontera, suele ser acompañado por funcionarios estadounidenses.
Tamaulipas, entidad fronteriza con Texas, ha sido históricamente un punto estratégico para el tráfico ilegal de combustible entre ambos países y que varios exgobernadores del estado han sido investigados por presuntos vínculos con grupos criminales.
Dicha información se produce en medio de una presión de la administración del presidente Donald Trump contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
La presidenta Sheinbaum ha rechazado estas acciones y las ha calificado como una injerencia en los asuntos internos de México y una violación a la soberanía nacional.
