Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Ante la conmemoración del Dia de la Libertad de Expresión, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, entidad internacional independiente que defiende la libertad de prensa, un alarmante 31% de las agresiones contra comunicadores en México proviene de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Bajo este panorama de acoso institucionalizado que inició cuando Morena asumió el poder federal en diciembre de 2018, el país acumula un saldo crítico de más de 55 periodistas asesinados en casi ocho años.
El año 2022 se consolidó como el más letal de la historia reciente con 13 homicidios documentados, mientras que en lo que va de 2026 ya se registra la ejecución de Carlos Leonardo Ramírez Castro en Veracruz.
Este asedio sistemático bajo el actual régimen político también suma seis periodistas desaparecidos en el último lustro, cifra a la que se añade el reciente secuestro en curso de Roxana Berenice Guzmán en Veracruz. Paralelamente, las fiscalías acumulan cientos de denuncias formales promovidas por el gremio frente al abuso de autoridad y el hostigamiento; tan solo en el primer cuatrimestre de 2026, la fiscalía especial federal reporta la apertura de 26 carpetas de investigación, de las cuales 18 corresponden estrictamente al delito de amenazas físicas y digitales dirigidas a coartar las líneas editoriales.
Geográficamente, la violencia y las denuncias penales se concentran con mayor fuerza en la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa. El estado de Sinaloa se coloca en el foco rojo de los indicadores nacionales debido a los elevados índices de impunidad que rodean los ataques contra los comunicadores.
En la entidad sinaloense, las querellas presentadas contra servidores públicos municipales y estatales rara vez prosperan en el terreno judicial y las carpetas por amenazas son archivadas sistemáticamente, lo que perpetúa zonas de silencio para el periodismo de investigación.
Con un nivel de impunidad general que supera el 90% en regiones clave como Sinaloa, el Día de la Libertad de Expresión se convierte en una jornada de resistencia. Cada agresión firmada por una autoridad que no recibe sanción legal se traduce en una licencia abierta para seguir intimidando a los medios de comunicación, demostrando que en el contexto nacional actual, ejercer la labor de informar sigue costando la vida.
