Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Organizaciones de la sociedad civil informaron en conferencia de prensa un avance significativo en la lucha contra la iniciativa de Ley de Transparencia de Sinaloa, propuesta por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y calificada como “ley tapadera”. Activistas y defensores civiles señalaron que esta propuesta limita el derecho de los sinaloenses a conocer los procesos de las instituciones de gobierno, obstruyendo directamente la rendición de cuentas.
Ante esta situación, se logró el compromiso del Congreso del Estado para abrir mesas de diálogo técnicas que permitan revisar la propuesta y asegurar que no se vulneren los derechos ciudadanos. Lucía Mimiaga presidenta del CPC, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal y Estatal Anticorrupción de Sinaloa, detalló lo siguiente:
“El estatus que tenemos actual es que logramos acordar, en este caso con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra, a abrir mesas de diálogo, pero mesas técnicas, donde podamos analizar artículo por artículo todos estos y donde podamos ya sociedad civil, CPC y las redes ciudadanas, trabajar en el borrador del dictamen, para poder incorporar nuevas propuestas”
El bloque ciudadano, representado por figuras como Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, y Raquel Zapién, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa y Sibely Cañedo, de Iniciativa Sinaloa, advirtió sobre la gravedad del proyecto original, el cual elimina obligaciones de transparencia en rubros sensibles como el gasto público, partidos políticos, bitácoras de vuelo oficiales y regulaciones ambientales.
El acuerdo alcanzado establece que las mesas de trabajo se desarrollarán durante los meses de junio y julio de 2026, previo al cierre del periodo ordinario de sesiones. Para garantizar la legalidad del proceso y evitar sorpresas legislativas, las organizaciones exigen que las sesiones se transmitan en vivo y en tiempo real, además de que cada acuerdo alcanzado quede respaldado mediante una minuta firmada por ambas partes antes de que el dictamen final sea turnado a la Comisión de Transparencia.
