Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El Ayuntamiento de Mazatlán fue sancionado con una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a graves irregularidades y omisiones en la operación del sitio de disposición final de residuos, conocido como el basurón de Urías.
De acuerdo con un boletín publicado en la página oficial de la instancia federal, esta penalización económica derivó del incumplimiento de normas ambientales y de la falta de estudios obligatorios para medir el impacto de la contaminación generada en el lugar.
La sanción económica se acompaña de la clausura total y definitiva del espacio, la cual se ejecutó formalmente el pasado 1 de julio de 2026. La autoridad federal tomó esta determinación tras constatar que la celda D del basurón seguía recibiendo desechos sin contar con geomembranas ni sistemas de impermeabilización para evitar que los líquidos contaminantes, conocidos como lixiviados, se filtraran al suelo y a los mantos freáticos, sumado a que el municipio no presentó los análisis de peligrosidad de dichos fluidos correspondientes a los últimos cinco años.
Aunque el Gobierno Municipal intentó frenar la multa y el cierre del sitio mediante un juicio de nulidad promovido en enero de este año, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló a favor de la autoridad ambiental y confirmó la validez de la resolución de la Profepa. Tras notificarse la sentencia definitiva a inicios de junio, el personal federal procedió a la colocación de los sellos de clausura para dar cumplimiento al mandato judicial y detener por completo la actividad en el terreno de Urías.
A partir de la resolución, el Ayuntamiento local deberá acatar medidas de urgente aplicación que incluyen la reducción gradual del ingreso de basura hasta llegar a cero en un plazo máximo de seis meses, así como la presentación de un calendario detallado para el cierre definitivo. Asimismo, la administración municipal estará obligada a realizar monitoreos ambientales trimestrales durante los próximos tres años en los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos cercanos para evaluar los daños provocados por los líquidos contaminantes.
