Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El gobierno municipal de Mazatlán reconoció su obligación legal de pagar una indemnización de más de 13 millones de pesos a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, de la familia Toledo, tras perder de forma definitiva un juicio heredado.
Aunque los cuestionamientos de los medios de comunicación iban dirigidos a la alcaldesa Minerva Osuna Zavala, el secretario del ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, asumió la respuesta explicando que el municipio está obligado a cumplir con el mandato del juez, pero evidenció que el problema escaló debido a que no se realizó una defensa adecuada durante el periodo de la administración en la que nació el conflicto.
“Esa demanda son demandas que vienen desde hace muchos años, en particular la que se ha hecho muy público es una demanda que hay que recordar que tiene ya 6 años el pleito la demanda nace en el 22 el 24 de septiembre del 2024 ya se había en el municipio en ese periodo no hubo una defensa como tal debería de haberse dado o tener los cuidados”, precisó textualmente Ríos Pérez.
Señaló directamente la falta de rigor jurídico y de cuidado procesal por parte de los exfuncionarios para contener el litigio desde sus inicios.
La controversia se originó hace seis años a raíz de la suspensión del suministro de agua potable en las inmediaciones del estadio de beisbol Teodoro Mariscal, una medida ejecutada en su momento por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam).
La estrategia actual consiste en solicitar tiempo procesal para proponer y estructurar un convenio directamente con la parte afectada, buscando conciliar un plan de pagos diferidos que demuestre la voluntad institucional de cumplir con la sentencia definitiva.
Debido a que la anterior defensa del ayuntamiento omitió vincular a la paramunicipal la cual goza de patrimonio y personalidad jurídica propia para responder legalmente, el juez desestimó los recursos posteriores de esta administración y fincó la responsabilidad de pago directo a las finanzas del ayuntamiento, reduciendo la cifra de 17 millones a poco más de 13 millones de pesos.
Finalmente, dijo que para solventar este fallo adverso sin colapsar el fondo destinado a laudos y demandas, el cual asciende a 90 millones de pesos y ya se encuentra comprometido en un 65 por ciento, el municipio inició gestiones administrativas ante el juzgado.
