Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como presunto integrante de una de las mayores redes de contrabando de combustible detectadas en el país.
Durante la conferencia matutina de este viernes realizada en Tulum, Quintana Roo, García Harfuch informó que la investigación fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y se extendió por más de un año. Explicó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó una estructura dedicada al contrabando de combustible procedente de Estados Unidos.
“Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”, señaló el funcionario.
De acuerdo con García Harfuch, la organización ingresaba combustible al territorio nacional mediante un esquema fraudulento, en el que únicamente declaraba alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques utilizados para el traslado del hidrocarburo.
“La mercancía era ingresada en territorio nacional (…) La red declaraba prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, indicó.
Previamente, la FGR informó sobre el desmantelamiento de una amplia red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, la cual habría ocasionado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
La dependencia también confirmó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California entre 1989 y 1995, ocurrida en Ensenada. La captura fue realizada por agentes de la SSPC como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones de contrabando de combustible.
La FGR señaló que el exmandatario enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, mientras las investigaciones continúan para ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes e identificar a otros posibles integrantes de la red.
Este caso se suma a otras investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente involucrados en esquemas de huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que ha representado importantes pérdidas para las finanzas públicas del país.
