Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El reciente fallo judicial que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar 13.6 millones de pesos a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico por la clausura y corte de servicios en el Estadio Teodoro Mariscal expone una falla en la cadena de fiscalización local.
Lo que inició como una decisión de autoridad sin el sustento legal adecuado terminó convertido en una bola de nieve financiera de intereses moratorios y defensas jurídicas deficientes. Al final, esta abultada factura no la asumen los funcionarios que actuaron con impulsividad ni las áreas jurídicas que descuidaron los plazos, sino la ciudadanía, al comprometerse recursos que deberían destinarse a obras y servicios públicos.
Frente a este escenario surge la interrogante sobre el papel preventivo que debieron asumir los organismos institucionales diseñados para evitar estos descalabros. En primera instancia, el Órgano Interno de Control del municipio, como primer filtro de vigilancia, falló en auditar preventivamente los litigios de alto riesgo y en alertar al Cabildo para negociar acuerdos oportunos antes de que la deuda escalara.
A este descuido se suma la falta de contención por parte de los filtros externos: la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que revisa las Cuentas Públicas sin que sus observaciones frenen a tiempo el avance de estos pasivos, y la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, que suele intervenir solo cuando el problema financiero ya es ineludible.
Esta falta de articulación entre los distintos órganos de control evidencia la urgencia de transitar de una supervisión reactiva a una vigilancia preventiva real. Mientras los mecanismos de fiscalización se limiten a señalar errores de administraciones pasadas en lugar de exigir correcciones en tiempo real, las arcas municipales seguirán desprotegidas ante demandas millonarias. El caso Toledo deja al descubierto cómo la omisión institucional en la detección temprana de anomalías termina convirtiendo la negligencia administrativa en una pesada carga para el erario local.
Al respecto, las autoridades municipales han informado que se mantienen en pláticas para intentar pactar un acuerdo con la familia Toledo. Aunque el cumplimiento de la sentencia judicial es inevitable, la comuna busca acordar un esquema de pagos accesibles, debido a que este año no se dispone de la liquidez necesaria, ya que la partida de 90 millones de pesos proyectada para cubrir contingencias y sentencias resulta insuficiente ante la acumulación de compromisos financieros.
