Culiacán, Sin. || (Ri Noticias).- La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este martes a seis nuevas iniciativas que proponen reformas y adiciones a distintos ordenamientos legales de la entidad.
Entre las propuestas se encuentra la presentada por la diputada de Morena, Elizabeth Ramírez Tirado, quien plantea modificaciones a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para regular los dispositivos de movilidad personal eléctricos y no motorizados, como scooters, patines eléctricos y monopatines.
La iniciativa propone incorporar estos dispositivos dentro de la legislación y establecer que quienes los utilicen en las vías públicas deberán sujetarse a las disposiciones de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de proteger la integridad de las personas usuarias y prevenir hechos de tránsito. También contempla regular su circulación cuando se realice sin autorización o en contravención de las disposiciones establecidas.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PVEM presentó una iniciativa para adicionar el artículo 46 Bis a la Ley para el Fomento del Turismo del Estado de Sinaloa, con el propósito de proteger los ecosistemas costeros y regular el tránsito de vehículos motorizados en zonas de playa.
La propuesta plantea prohibir la circulación, tránsito y estacionamiento de automóviles, motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos similares en playas y demás ecosistemas costeros. La medida contempla excepciones para unidades de seguridad pública, protección civil y atención de emergencias, servicios públicos, mantenimiento o limpieza debidamente autorizados, así como aquellos que cuenten con permiso expreso de la autoridad competente.
Además, establece que los ayuntamientos deberán vigilar el cumplimiento de esta disposición y aplicar medidas como señalización y delimitación de las zonas restringidas, así como las sanciones previstas en la normatividad correspondiente.
Otra de las iniciativas fue presentada por el diputado de Morena, César Ismael Guerrero Alarcón, quien propone reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en materia de simplificación fiscal, digitalización de trámites y fortalecimiento de la fiscalización estatal.
Entre los cambios planteados se encuentra ampliar los supuestos relacionados con el Impuesto Sobre Nóminas para incluir determinadas erogaciones realizadas por personas físicas y morales que, aun teniendo su domicilio fuera de Sinaloa, efectúen en la entidad pagos por honorarios a personas físicas cuyos servicios sean asimilados al régimen de salarios conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Asimismo, propone modificaciones a la base del impuesto y establece la posibilidad de presentar hasta tres declaraciones complementarias para modificar montos y aplicar pagos realizados con anterioridad. También plantea reglas para los saldos a favor derivados de pagos efectuados en exceso, contemplando su aplicación en periodos posteriores durante un plazo de hasta cinco años.
En materia educativa, el ciudadano Andrés Amílcar Félix Zavala presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el mercado laboral.
La propuesta plantea crear el Consejo para la Calidad de la Educación y la Empleabilidad, como un organismo integrador y coordinador encargado de alinear la oferta educativa estatal con las necesidades del mercado laboral.
Entre sus atribuciones se propone coordinar la oferta educativa con áreas estratégicas para la competitividad regional, supervisar la pertinencia de los planes de estudio, promover la innovación curricular y la formación dual mediante convenios entre instituciones educativas y empresas, así como evaluar el impacto de los programas educativos en la empleabilidad y calidad laboral de los egresados.
También contempla establecer mecanismos permanentes de comunicación y coordinación entre instituciones educativas, sectores productivos y autoridades estatales.
En tanto, el diputado de Morena Kristiam Alexis Espinoza García propuso reformas y adiciones a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa para fortalecer la participación ciudadana inclusiva, el trato digno, el lenguaje claro y la accesibilidad.
La iniciativa plantea incorporar como principios rectores de la participación ciudadana la accesibilidad, el trato digno y el uso de lenguaje claro en la información pública.
También propone que los instrumentos de participación ciudadana sean claros, comprensibles y accesibles en sus procedimientos, requisitos y mecanismos, con la finalidad de eliminar barreras que puedan limitar el ejercicio efectivo de este derecho.
Además, se plantea establecer que las autoridades estatales y municipales implementen mecanismos de accesibilidad informativa, como lenguaje claro, formatos visuales o alternativos, asesoría personalizada y acompañamiento institucional, para facilitar que las personas puedan comprender y ejercer plenamente sus derechos de participación ciudadana.
Finalmente, las ciudadanas y ciudadanos Dora Armida Rivera Aguilar, Eduardo Ramírez Rivera y otros presentaron una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación, con el propósito de establecer programas preventivos relacionados con valores, crianza positiva, cultura cívica y cultura de paz.
La propuesta contempla incorporar dentro de las obligaciones relacionadas con la patria potestad, tutela o guarda y custodia el fomento de la cultura de la paz y la educación cívica en niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, plantea establecer programas preventivos y talleres dirigidos a madres, padres y quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, para fortalecer los valores, la crianza positiva, la cultura cívica y la cultura de la paz.
En la Ley de Educación también se propone ampliar los programas preventivos para incluir a tutores y sumar la crianza positiva y la cultura de la paz a los temas que deberán abordarse.
Las seis iniciativas fueron turnadas para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
