La reciente implementación de restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas, vigente desde el 3 de noviembre, representa una decisión de política pública que busca limitar la presencia de pantallas en los niveles de primaria y secundaria.
Sebastián Plan Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que esta medida se alinea con las acciones tomadas en otros países para mejorar el entorno educativo.
El especialista destacó que, aunque la norma contempla flexibilidad para el bachillerato, el éxito de esta iniciativa dependerá de la ejecución al interior de cada centro escolar. Según el académico, el reto principal radica en cómo las autoridades educativas y los docentes gestionarán la transición hacia un entorno libre de dispositivos móviles.
El diálogo con los menores: el pendiente de la restricción del celular
La restricción plantea interrogantes sobre la convivencia diaria y la resistencia que podría surgir entre el alumnado. Plan Pérez enfatizó que la prohibición no debe ser una imposición unilateral, sino un proceso que involucre a los estudiantes mediante acuerdos y espacios de reflexión sobre el impacto de la tecnología en su vida cotidiana.
“Es importante que cada centro escolar, cada director de escuela, principalmente, junto con sus maestros, pueda establecer ciertos protocolos, ciertas formas de diálogo, especialmente con los jóvenes, donde se puedan buscar mecanismos para trabajar con ellos y no solamente imponer una restricción sin una explicación, sin un seguimiento, sin llegar a unos acuerdos con los chicos, que son parte fundamental del proceso de la escuela”, dijo en entrevista para El Heraldo Radio.
El investigador también advirtió sobre un factor disruptivo que suele pasarse por alto: el uso de los dispositivos por parte del personal docente. Para el experto, la medida debe ser integral y considerar también el comportamiento de los profesores dentro del aula para evitar contradicciones en la aplicación de la norma.
Desigualdad educativa y la alianza imprescindible con las familias
Otro punto central del análisis es la diferencia de condiciones entre instituciones públicas y privadas. Plan Pérez subrayó que, debido a la masividad de algunas escuelas, el control de los dispositivos representa un desafío logístico significativo.
Asimismo, señaló que la tecnología actúa como un elemento que puede profundizar las brechas de desigualdad educativa, afectando de manera distinta a los estudiantes según su contexto social.
“Si no hay un acuerdo con los padres, con las formas de convivencia donde los padres estén dentro también de las decisiones sobre los teléfonos celulares dentro de la escuela, eso no va a funcionar, sobre todo en niveles más bajos.”
Finalmente, el investigador hizo un llamado a integrar a los padres de familia en este proceso, argumentando que la dependencia a los dispositivos es un fenómeno compartido entre adultos y jóvenes. La colaboración entre el hogar y la escuela es, a su juicio, el único camino para que la restricción tenga un efecto positivo real en el aprendizaje y la sociabilidad de los estudiantes.
