La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el traslado vía terrestre del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, desde el penal de El Altiplano hasta su domicilio en Ensenada, Baja California, se derivó de una instrucción judicial.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que preguntó al Gabinete de Seguridad federal sobre la duración del trayecto por tierra, y se le informó que se siguió la determinación emitida por un juez.
“Pregunté hoy en la mañana en el Gabinete (de Seguridad) por qué se le trasladó por tierra si era tan largo el recorrido, me dijeron que se siguió la orden del juez”, refirió.
“Es un procedimiento que se ha hecho en otras ocasiones porque sí es un trayecto muy largo, pero dicen que es el procedimiento que normalmente determina el juez, a menos que haya alguna cuestión de riesgo adicional”, puntualizó Sheinbaum Pardo, quien detalló que la defensa del exgobernador habría estado de acuerdo con dicho traslado terrestre.
“La información que yo tengo es que fue una determinación del juez y estuvo de acuerdo su defensa, es lo que me dijeron, no tengo la certeza de que así fue, sino la información que se me proporcionó hoy en la mañana”, recalcó.
Tras un recorrido terrestre de aproximadamente dos mil 800 kilómetros desde el Penal de El Altiplano, en el Estado de México, Ernesto Ruffo Appel llegó la mañana del lunes 28 de septiembre de 2026 a su domicilio en Ensenada, Baja California, tras un viaje de más de 40 horas.
El inmueble se encuentra bajo el resguardo y custodia de elementos de la Guardia Nacional, corporación que también estuvo a cargo de su vigilancia durante todo el trayecto carretero.
Afuera del domicilio, el abogado Juan Marcos Gutiérrez, acompañado por Verónica —hija de Ruffo—, declaró que tanto el exgobernador como su familia se encuentran dispuestos a cumplir cabalmente con las reglas establecidas para el resguardo domiciliario.
La FGR recordó que esta medida de prisión domiciliaria, concedida a Ruffo Appel por razones de edad y salud, no suspende ni modifica el proceso penal que se sigue en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, también conocido como huachicol.
