Estados Unidos.- La controversia entre México y Texas escaló luego de que la Oficina General de Tierras de Texas declarara como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo, entre las ciudades de Laredo y McAllen. La medida fue anunciada por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, quien aseguró que estos territorios podrán ser utilizados por fuerzas de seguridad estatales y federales para labores de vigilancia y combate a actividades ilícitas en la frontera.
Ante esta decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió de manera inmediata mediante una nota informativa, en la que subrayó que “la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”, ya que sus límites están definidos por tratados internacionales vigentes.
La Cancillería mexicana recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal del río, criterio que determina la soberanía de las tierras ubicadas en ambos lados de la frontera. Asimismo, enfatizó que ninguna autoridad estatal estadounidense tiene facultades para modificar o reinterpretar unilateralmente esos límites.
De acuerdo con la SRE, la instancia encargada de determinar a qué país pertenece cada isla es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional creado para aplicar los acuerdos fronterizos entre México y Estados Unidos. La dependencia señaló que sólo este organismo puede establecer oficialmente la ubicación de las islas respecto de la línea divisoria internacional.
Las autoridades texanas justificaron su decisión argumentando que durante años existió incertidumbre sobre la propiedad de diversas islas en el Río Bravo y que estas áreas podrían ser utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, el contrabando o el tráfico de personas. Sin embargo, reconocieron que no cuentan con evidencia de actividades delictivas específicas en las nueve islas señaladas.
