Ciudad de México. || (Ri Noticias).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de operaciones financieras de personas y empresas relacionadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del organismo electoral.
De acuerdo con información difundida este miércoles 4 de noviembre, la medida alcanzó a 40 personas y empresas: 25 personas físicas y 15 compañías, según los reportes de La Jornada y Animal Político. Otro reporte de Uno TV señaló un desglose distinto, de 28 personas y 15 empresas.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren ser revisados por las autoridades competentes.
Derivado de estos hallazgos, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen los movimientos financieros y se determine si existen posibles responsabilidades legales.
La autoridad no ha revelado los nombres de las personas o empresas incluidas en la lista de bloqueados, ni los montos de las operaciones que originaron la medida.
Asimismo, aclaró que el bloqueo financiero constituye una acción preventiva y administrativa, por lo que no representa una declaración definitiva de culpabilidad. Las personas involucradas conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia.
ASF amplía investigaciones sobre el INE
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que mantiene abiertas investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El órgano fiscalizador informó que sus trabajos contemplan tres líneas principales: una investigación de oficio sobre contrataciones, un análisis histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, y una auditoría integral del INE y del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.
Las revisiones buscan identificar posibles concentraciones de contratos en determinados proveedores, prácticas irregulares y eventuales responsabilidades de empresas o servidores públicos.
Los señalamientos surgieron durante la gestión de Guadalupe Taddei, en la que se han documentado cuestionamientos por la asignación de contratos a empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
Las investigaciones de la UIF y la ASF continúan, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
