Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)diera a conocer que investiga al gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por presunta triangulación de recursos públicos, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó alguna intervención del gobierno federal en dichas investigaciones.
Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” de este 5 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Nuevo León, sin embargo, aseguró que eso le corresponde a la ASF y a las autoridades estatales.
“No tiene atribución, Raquel, para investigar al gobierno de Nuevo León o a ningún gobierno estatal”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este jueves 5 de noviembre de 2026.
Ante los señalamientos sobre presuntas desviaciones de millones de pesos hacia despachos de abogados vinculados con familiares, Sheinbaum delimitó las facultades del Gobierno federal frente a las administraciones estatales.
La presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene competencia para intervenir cuando existen recursos federales involucrados. “¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La Auditoría Superior de la Federación”, sostuvo.
Sheinbaum indicó que el Gobierno federal debe atender los requerimientos de información que presente el órgano auditor. “Si la Auditoría Superior de la Federación solicita algo a la UIF, o alguna información por parte de la Secretaría de Hacienda, se tiene que proporcionar”, afirmó.
ASF mantiene investigaciones por presunta triangulación de recursos en Nuevo León
La ASF informó el 30 de octubre que mantiene investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa por presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que las indagatorias buscan reconstruir las operaciones financieras, identificar a los posibles beneficiarios de los recursos y conservar elementos para promover acciones legales.
La Auditoría no detalló los montos involucrados en las investigaciones de cada entidad ni dio a conocer los nombres de las personas físicas o morales bajo revisión. El organismo indicó que utiliza facultades aprobadas en mayo de 2026 para avanzar en procedimientos mientras las auditorías continúan en curso.
En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que la eventual participación de dependencias federales se limita a proporcionar información cuando la ASF lo requiera. La presidenta afirmó que la colaboración de la UIF o de la Secretaría de Hacienda no significa que el Gobierno federal atraiga las investigaciones.
La ASF presentó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de la gestión de Hernández Palacios Cardel. El auditor informó que 21 denuncias reportadas previamente ya fueron judicializadas.
El organismo también presentó tres denuncias penales relacionadas con auditorías que todavía se encontraban en desarrollo. La medida permite iniciar acciones legales antes del cierre formal de las revisiones cuando existen elementos para preservar pruebas o profundizar las indagatorias.
Durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, la ASF detectó más de 9,000 millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno.
Las auditorías a gobiernos estatales registraron más de 1,200 millones de pesos sin aclarar. Las entidades fiscalizadas reintegraron 1,132 millones de pesos antes de que terminaran las revisiones.
