Activistas en favor de los desaparecidos en Monterrey denunciaron este martes deficiencias en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades regionales encargadas de este trabajo.
Leticia Hidalgo, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló que la Fiscalía retarda la entrega de certificados de personas desaparecidas y encontradas sin vida, además de retrasar los análisis de restos hallados por las propias buscadoras.
La activista acusó al fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien recientemente declaró que no hay personal suficiente para estas labores; sin embargo, dijo esa es una excusa poco creíble que viene de hace años.
“No quieren elevar el índice de personas desaparecidas y de víctimas de la violencia y la inseguridad que nunca han podido atender desde hace más de 15 años, siendo ellos los responsables de que no tengamos garantizada la vida y la seguridad en un Estado de derecho”, dijo la activista.
Expuso tres casos que desde el colectivo han acompañado: el de un joven víctima de desaparición que fue encontrado sin vida en junio de 2024 y de quien, a casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense no ha expedido su certificado de defunción porque alega que no ha sido posible determinar su causa de muerte.
Un segundo caso es el de una joven cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina del crimen organizado, en el municipio de Hidalgo, y a un año de su identificación no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna.
La fundadora y vocera del colectivo ‘Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos’, Leticia Hidalgo, posa durante una entrevista con EFE este martes, en la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra.
También reveló que a principios de abril de 2025, el colectivo realizó el hallazgo de diversos restos humanos, los cuales a la fecha no han sido analizados.
La activista afirmó que estas acciones violan los derechos humanos de familiares víctimas de desaparición y constituyen también un delito.
“Es equiparable a la tortura lo que ellos hacen y eso ya está por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una jurisprudencia, lo que pasamos nosotros como familiares de personas desaparecidas”, afirmó.
Añadió que además negar y ocultar la información es también una desaparición forzada.
“Estas acciones configuran también el delito de desaparición forzada, es decir, los vuelven a desaparecer. Ya tienen cuerpos, ya tienen restos, ya tienen identificaciones y no quieren dar la información, ocultan la información, porque en los tres casos eso es lo que estamos denunciando”, agregó.
Ante la situación que se está viviendo en el norte de México, Hidalgo comentó que han dado parte a instancias internacionales.
“Nosotros en todos los casos estamos haciendo la recopilación de nuestras denuncias y nuestras exigencias precisamente con estos escritos y damos parte al Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU”, comentó.
Explicó que para llegar a un grupo internacional se necesita agotar todas las instancias en el país de origen. “Ya agotamos todas las instancias y no nos dan respuesta”, puntualizó.
En México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) existen a la fecha más de 127 mil personas víctimas de este delito y en Nuevo León la cifra es de más de 7 mil.
