La empresa Ganador Azteca SAPI, filial de TV Azteca dedicada a apuestas en línea y propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo para revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La solicitud fue ingresada el pasado 13 de noviembre. Sin embargo, no fue admitida de inmediato por la jueza Luz María Flores Alva, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
Flores Alva dio a la compañía cinco días para corregir inconsistencias en su demanda e hizo la aclaración de que solo después de las correcciones determinará si el juicio de amparo puede continuar.
Salinas Pliego se ampara para descongelar casinos
Pese a los intentos de Grupo Salinas por revertir el bloqueo de sus recursos, la reforma aprobada en octubre a la Ley de Amparo impide que los jueces otorguen suspensiones provisionales para descongelar cuentas intervenidas por la UIF.
Esto quiere decir que Ganador Azteca no podrá recuperar el control total de sus fondos mientras dure la investigación. En el mejor de los casos, podría solicitar un acceso limitado únicamente para pagar nómina, pero no para operar de manera regular.
Ganador Azteca, que opera en México plataformas como Bet365 y Betano, impugna en su demanda el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la UIF ordenar bloqueos sin supervisión judicial.
Aunque ese artículo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte hace más de una década, su aplicación continúa bajo criterios de cooperación internacional contra el lavado de dinero, por lo cual el bloqueo se mantiene vigente.
¿Por qué bloquearon los casinos de Salinas Pliego?
El pasado 11 de noviembre, las secretarías de Gobernación y Hacienda anunciaron acciones contra 13 casinos por operaciones financieras sospechosas, sin revelar nombres.
Posteriormente, Grupo Salinas confirmó que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca están bajo investigación por presunto lavado de dinero. En su comunicado, el conglomerado empresarial denunció ser víctima de una supuesta “persecución de Estado”.
Por su parte, autoridades federales señalaron que la indagatoria detectó movimientos incompatibles con los perfiles socioeconómicos de quienes figuraban como intermediarios: amas de casa, estudiantes, jubilados y personas sin empleo, quienes movían grandes cantidades de dinero para terceros.
La investigación señaló que dicho comportamiento corresponde a patrones típicos de blanqueo de capitales.
Tras los hallazgos de la UIF, tanto la Fiscalía General de la República como la Procuraduría Fiscal de la Federación iniciaron procesos por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
