Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas que sustenten la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, por lo que México no está obligado a ejecutar una captura ni existe un plazo legal para hacerlo.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense corresponde a una solicitud de detención urgente y no a un proceso formal de extradición.
“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre los tiempos que tendría el gobierno mexicano para responder a la solicitud.
La presidenta reiteró que la postura de su administración no ha cambiado desde que se conoció la petición y señaló que las autoridades nacionales consideran que no existen elementos suficientes para proceder con una captura urgente.
“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, declaró.
Sheinbaum explicó que la detención urgente es un mecanismo utilizado para asegurar a una persona mientras posteriormente se desarrolla el proceso de extradición. Sin embargo, insistió en que la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses no ha sido acompañada de evidencia que justifique una acción de esa naturaleza.
Por ello, reiteró que actualmente no existe una fecha límite para actuar contra Rocha Moya ni un plazo que obligue al Estado mexicano a ejecutar una captura.
La mandataria también señaló que el escenario jurídico podría modificarse si las autoridades estadounidenses deciden avanzar hacia una etapa distinta del procedimiento y presentar una solicitud formal de extradición.
“En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal”, indicó.
Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de la atención pública generada por el caso de Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa mientras continúa el procedimiento impulsado desde Estados Unidos.
Hasta ahora, el gobierno mexicano mantiene su postura de que no cuenta con evidencia suficiente para ejecutar una detención urgente, al considerar que la solicitud presentada carece de pruebas que respalden la medida.
