Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Tras la postura evasiva de la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, quien evitó aclarar si habilitará los micrositios solicitados por organismos civiles, y quien se limitó a señalar que la comuna actúa bajo lo que marca la ley, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, a través de Raquel Zapién, integrante del organismo civil, hizo un llamado a la transparencia.
El organismo instó al Ayuntamiento de Mazatlán a aceptar las dos recomendaciones no vinculantes para la creación de micrositios de transparencia proactiva, advirtiendo que la opacidad actual en el sector inmobiliario y ambiental no se justifica.
“La ley no le obliga al ayuntamiento a hacer micrositios de transparencia proactiva, pero eso no significa que no lo pueda hacer. La autoridad municipal tiene la oportunidad de demostrar que quiere rendir cuentas y de demostrar que está actuando bien transparentando la información. Como dice un dicho, el que nada debe, nada teme, y nada le impide a la autoridad municipal poner a disposición de la ciudadanía toda esta información que estamos pidiendo de forma proactiva y accesible”.
Raquel Zapién, argumentó que estas herramientas son indispensables debido a que han detectado casos graves donde el Ayuntamiento otorga permisos de construcción sin que los desarrollos cumplan con la normatividad ambiental ni cuenten con dictámenes favorables de la Semarnat.
Al respecto, fundamentó que la nueva Ley General de Transparencia obliga a los gobiernos a emitir información con utilidad pública y sentido social, lo que justifica la creación de mapas interactivos que permitan vigilar de forma sencilla y directa la gestión del ordenamiento territorial, impidiendo que la autoridad pase por encima del marco jurídico.
Finalmente, se dijo que el Ayuntamiento fue notificado formalmente el pasado 3 de junio y, por ley, dispone de un plazo de 15 días hábiles para emitir su postura oficial. De esta manera, la administración de Estrella Palacios tiene como fecha límite el próximo 24 de junio para definir formalmente si demuestra voluntad política y abre la información inmobiliaria al escrutinio público o si buscará argumentos legales para rechazar la propuesta.
