Mazatlám, Sin (RI Noticias).- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el contenido de un reportaje publicado por The New York Times, en el que se asegura, con base en fuentes anónimas, que algunos integrantes de Morena estarían colaborando como informantes con el Gobierno de Estados Unidos en investigaciones por presunta corrupción.
Durante su conferencia matutina, la mandataria criticó que un medio de alcance internacional publique información sustentada únicamente en testimonios sin identificar.
“Fíjense en la nota: ¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice de los mejores del mundo? Básicamente dice: ‘Me dijo una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota”, expresó.
Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México no cuenta con información que confirme lo publicado por el diario estadounidense y cuestionó el contenido del reportaje.
“Primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Además, añadió que no es posible emitir una postura sobre un tema del que no existen datos oficiales.
“¿Además, informando sobre qué? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo de lo que no tenemos conocimiento?”, reclamó.
Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que The New York Times publicara que, de acuerdo con fuentes cercanas al tema, al menos una decena de gobernadores y legisladores de Morena analizarían colaborar con autoridades estadounidenses en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El reportaje también menciona como presuntos objetivos de investigaciones en Estados Unidos a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Tras la publicación, Durazo envió una carta a la dirección del diario para rechazar la información y asegurar que no ha sido notificado por ninguna autoridad mexicana o estadounidense sobre la existencia de alguna investigación en su contra.
La polémica surge en medio de las investigaciones que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con organizaciones criminales, un tema sobre el que el Gobierno mexicano ha insistido en solicitar pruebas antes de emitir cualquier juicio o proceder legal.
