Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia gubernamental y establecer criterios más estrictos sobre la reserva de información pública, con el objetivo de que únicamente pueda clasificarse por razones de interés público o seguridad nacional.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el acceso a la información es un derecho constitucional y afirmó que el nuevo decreto busca eliminar la discrecionalidad de los servidores públicos al responder solicitudes de información.
“El pueblo tiene derecho a la información, es un derecho constitucional, información plural (…) toda la información en posesión de cualquier autoridad que ejerza recursos públicos es pública y sólo podrá ser reservada por temas de interés público y seguridad nacional (…) con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que no puede informarse”, expresó.
La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto simplifica los criterios de clasificación de la información al eliminar diversas categorías de reserva previstas actualmente.
“Se van a eliminar reservas. Actualmente se tienen en las fracciones 17 reservas, aunque las 17 están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar nada más a abocarnos y ser expresamente nada más de interés público y seguridad nacional”, indicó.
Como parte del fortalecimiento del principio de máxima publicidad, el decreto establece que el Gobierno Federal deberá publicar información adicional a la que actualmente exige la ley en cuatro rubros prioritarios: contrataciones públicas; transparencia en las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo información financiera, de gobierno corporativo y contratos; auditorías y fiscalización; y una invitación para que estados, municipios y otros poderes adopten estas medidas.
Asimismo, se determinó que toda la información será concentrada y actualizada de manera permanente en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En materia de auditorías, los órganos fiscalizadores deberán hacer públicos el Programa Anual de Fiscalización, el estado que guardan las auditorías y el seguimiento a las observaciones emitidas por los órganos internos de control, así como el padrón y la designación de despachos auditores externos.
Buenrostro adelantó que, además de este decreto presidencial, el Gobierno federal impulsará reformas a distintas normas durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión para consolidar estas medidas de transparencia.
